En un giro reciente de los acontecimientos en la Federación Universitaria Ovetense (FUO), una facción de la organización formalizó una denuncia por desacato ante el Ministerio Público. La denuncia se basa en la presunta violación de una resolución judicial que ordenaba la suspensión provisional del proceso electoral dentro de la FUO. La resolución A.I. N° 20/2024, emitida el 21 de agosto de 2024, suspendía el proceso hasta que se resolviera el juicio en curso, pero según los denunciantes, esta orden fue abiertamente desobedecida.
Los demandantes, Lucas Rafael Irigoitia Porto y Luis Augusto Ávila López, habían solicitado la nulidad del proceso electoral y la suspensión de la Asamblea General Ordinaria programada para el 22 de agosto. A pesar de que la asamblea fue cancelada, el proceso electoral continuó de manera irregular. El 10 de septiembre de 2024, un comunicado a través de WhatsApp convocó a una asamblea extraordinaria para la elección de nuevas autoridades, contraviniendo directamente la suspensión decretada por el tribunal.
El 11 de septiembre de 2024, a las 18:00 horas, se realizó la elección de nuevas autoridades en el Instituto de Formación Docente, en un acto que los denunciantes califican de irregular y en desacato. La elección, que incluyó la designación de Juan José Cañete como presidente, Richart Barrios como vicepresidente y Vicente Báez como secretario general, se efectuó sin la debida aprobación judicial.
La medida cautelar emitida por el tribunal es clara en su mandato de suspensión provisional del proceso electoral hasta la resolución del juicio. Los denunciantes argumentan que esta disposición no admite interpretaciones y que el incumplimiento de la misma constituye una violación grave de las normativas establecidas. La falta de respeto a esta orden judicial llevó a la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público.
El proceso electoral irregular generó preocupación dentro de la FUO y puso en evidencia la tensión entre las facciones de la organización estudiantil. La denuncia por desacato busca que se tomen medidas correctivas y se respete la decisión del tribunal para garantizar la legalidad y transparencia en la elección de nuevas autoridades.