El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para impulsar el avance de las investigaciones sobre lavado de dinero en el banco Atlas, vinculadas al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Domínguez compartió en su red social X; «Visitamos al fiscal general del Estado de Paraguay para dar seguimiento a la denuncia penal presentada en 2021 por sospechas fundadas de operaciones ilícitas entre Nicolás Leoz y el banco Atlas SA, que podrían constituir hechos punibles de lavado de dinero.»
Esta visita se realizó en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA que constituirían hechos punibles de lavado de dinero.
De esta manera el presidente de la Conmebol urgió al Ministerio Público a continuar con las investigaciones y aplicar la ley en este caso conocido. «Reiteramos nuestra preocupación al Ministerio Público, instándolos a ejercer la acción penal pública y buscar la aplicación de la ley penal ante hechos investigados por varios años,» declaró Domínguez.
El presidente reafirmó el compromiso de la Conmebol con la justicia: «Seguimos en la búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano.» En marzo de este año, la Conmebol ya había solicitado al Ministerio Público que acelerara la investigación penal, actualmente paralizada tras seis años de haberse presentado la denuncia documentada y algunos allanamientos, sin embargo, no hubo avances significativos.
La Conmebol busca recuperar aproximadamente USD 200 millones que desaparecieron de la institución durante administraciones anteriores. Hasta ahora, se han recuperado USD 128 millones con la ayuda de las justicias estadounidense y suiza. La Conmebol espera que la justicia paraguaya también actúe en consecuencia.
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, enfrenta posibles sanciones penales y administrativas. La Ley n.º 1015, que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, establece en su artículo 4.º penas de dos a diez años de prisión para el delito de lavado de dinero.